Las pensiones de los catalanes

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A veces las personas nos negamos simplemente a usar nuestra inteligencia, y de esa actitud se derivan muchos males. Cuando nos dejamos dominar por los sentimientos, parece como si un relé bloquease el acceso a nuestra razón, y aceptamos las mayores barbaridades, que se desmontarían con una simple reflexión, sin pestañear siquiera.

Por poner un ejemplo: el llamado Consejo de Transición Nacional de Cataluña afirma que una Cataluña independiente tendría pensiones mejores, y que, además, España contribuiría a pagarlas. Por otra parte, la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica de la Generalidad afirma que la Generalidad independiente recaudaría todas las cotizaciones, por lo cual dejarían de ingresarse en la caja única de la Seguridad Social española, y el gobierno catalán mantiene que, a pesar de ello, España mantendría la obligación de abonar las pensiones.

Pues bien, una simple reflexión basta para ver, por una parte, que si las cotizaciones de los catalanes no van a parar a la Seguridad Social española, es imposible que ésta siga pagando las pensiones de los catalanes. Nuestra Seguridad Social trabaja en base a un sistema puro de caja: se pagan las pensiones directamente con las cotizaciones que se recaudan; con una mano se cobra y con la otra se paga. No hay ningún fondo constituido con cotizaciones pasadas que, invertido en activos apropiados, garantice con su rendimiento el cobro futuro de las pensiones correspondientes a esas cotizaciones. Se paga con lo que se cobra en el momento. Punto.

Todos hemos aceptado convivir con ese diabólico sistema, que hace que la simple demografía haga entrar en quiebra el sistema cuando se reduce la tasa de natalidad, porque el número de cotizantes tiende a reducirse con relación al número de pensionistas, lo que obliga a ir aumentando el porcentaje de cotización y/o a ir reduciendo las prestaciones para intentar mantener en funcionamiento el engranaje.

Es evidente que, con este sistema, si las cotizaciones de los catalanes dejan de entrar en la caja única de la Seguridad Social española, ésta no puede de ninguna manera seguir pagando las pensiones de los catalanes, sencillamente porque no tendrá las cotizaciones para poder hacerlo.

Por otra parte, cabe preguntarse si, en ese caso, una eventual Seguridad Social catalana podría hacerlo no sólo sin problemas, sino incluso con holgura, como afirma la Generalidad. Basta un poco de información para darse cuenta de que ello es imposible. En efecto, es un hecho que lo que llamaríamos “Seguridad Social catalana” es deficitaria: las cotizaciones de los catalanes no bastan para cubrir el gasto en pensiones en Cataluña. En 2016, el Estado español tuvo que contribuir con 4700 millones de euros para cubrir la diferencia entre cotizaciones y pensiones en Cataluña.

Si eso es así, ¿es pensable que la declaración de independencia, por algún efecto difícil de imaginar, pudiese mejorar la situación? Me parece no sólo harto improbable, sino que más bien lo contrario es lo que sucedería. Una Cataluña unilateralmente independiente quedaría fuera de la Unión Europea y del euro. Sus bancos y empresas quedarían fuera de la cobertura del Banco Central Europeo. El rating del eventual estado catalán, que hoy es ya de bono basura y no puede emitir deuda sin la garantía del Estado español, empeoraría aún más, por lo que ni estado ni empresas tendrían fácil acceso a los mercados financieros internacionales, de los que depende el funcionamiento de la economía. En esas condiciones, es pensable que se produzca paralización de inversiones y fuga de empresas, lo que redundaría en mayor paro y menores cotizaciones, es decir, mayor déficit de una eventual Seguridad Social catalana.

¿Es razonable pensar que, en esas condiciones, los pensionistas catalanes, actuales y futuros, pueden estar tranquilos respecto al futuro de sus pensiones en caso de independencia?

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