Ocurre que

Ocurre que los intereses -más o menos confesables- de unos y otros, politizan las decisiones de los jueces en vez de sopesarlas en su estricto ámbito jurídico. De la declaración reiterada de que en España hay una absoluta división de poderes, a las afirmaciones machaconas de la existencia de jueces al servicio del Gobierno de turno, hay una distancia enorme y en este caso, resulta evidente la necesidad de un término, sino medio, al menos más justo.

Lo que para unos ha sido un acierto procesal del magistrado Pablo Llanera, retirando la orden que abocaba el caso Puigdemont a la justicia belga, ha sido para otros una evidencia del fracaso y hasta del ridículo de la justicia española.

Ni lo uno ni lo otro. Es muy posible que el Magistrado haya contemplado la ineficacia y las pocas ganas de los tribunales belgas para poner al fugado a disposición de los tribunales en España, pero también es indudable el acierto de hurtar a Puigdemont unas posibilidades que no tienen sus antiguos cómplices y que, además, podrían haber dejado en agua de borrajas  la tipificación de algunos de los delitos que se le atribuyen.

En cualquier caso, que no sonría tanto el prófugo de la justicia porque objetivamente su situación ha empeorado.

Ni siquiera puede volver a su fantástica república, que sigue siendo España, sin que le detengan.

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